De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema, en su nuevo libro, la analista hace un alegato por la clase media en declive y aboga por una resolución…
‘Los hijos de los boomers’ de Estefanía Molina. En este manifiesto, Molina da voz a una generación: denuncia el pasotismo de España frente a los dramas de su juventud —la vivienda, los salarios y la precariedad— y explica por qué tantos jóvenes se sienten atraídos por el autoritarismo y la ultraderecha, debido a la muerte de la clase media y a un sistema político basado en los intereses de los baby boomers, como en el caso de las pensiones, que ya no sirve para sus hijos. La autora reclama un nuevo contrato social y reformas valientes, pues existe el riesgo de que esa generación antisistema, criada en el malestar, fulmine en pocas décadas las conquistas políticas y un estado del bienestar que ya da signos de agotamiento.
«La democracia no solo se legitima por sus bondades —igualdad, libertad— sino también por sus resultados. En eso estamos fallando a nuestros jóvenes.» —Estefanía Molina
Hubo una vez en que el futuro se firmaba con bolígrafo azul, inicia el prólogo del libro, Jon González. A finales de los ochenta o principios de los noventa, un matrimonio joven se sienta frente al director de su sucursal bancaria. Él pulsa los botones de una calculadora Casio; ellos, con una carpeta de nóminas y recibos, hacen cuentas y sonríen. Al firmar la hipoteca creen estar haciendo algo más que comprar una casa: están asegurando una forma de vida sostenida por las certezas de trabajo estable, salario creciente, Estado previsible. En ese gesto se concentra una idea que hoy parece casi ingenua: que el tiempo jugaba a su favor.
Treinta años después, aquella seguridad se ha evaporado. Las familias son más pequeñas, los contratos más breves, las viviendas más caras y las pensiones más inciertas. La demografía se ha invertido, el mercado laboral se ha fragmentado y el estado del bienestar, diseñado para una sociedad dinámica y joven, se enfrenta a un país que envejece deprisa. Lo que antes era progreso lineal se ha convertido en estancamiento estructural. No es una crisis pasajera, sino una transformación de fondo, lenta y silenciosa, que ha dado la vuelta al contrato social. Ya no es el tiempo el que empuja: es el peso que cuesta arrastrar.
Las cifras hablan por sí solas, aunque rara vez se asimilan del todo. En 1995, por cada persona mayor de 65 años había casi cinco en edad de trabajar; hoy apenas son tres. En quince años, serán dos. Cada vez hay menos hombros sobre los que sostener un mayor gasto. Mientras tanto, la productividad apenas avanza y los sueldos crecen despacio. En un cuarto de siglo, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita real apenas ha subido un 15?%, frente al 70?% de los veinticinco años anteriores. Detrás de estos números hay algo más que economía: es el cambio de ritmo de un país.
Cuando la ciudadanía deja de creer que el esfuerzo mejora la vida, pierde algo más que la confianza: pierde su motor. No hay crecimiento sin expectativas. La desigualdad entre generaciones es, además de injusta, ineficiente porque genera desafección, reduce el ascenso social, frena la inversión y erosiona la legitimidad democrática. Por eso la brecha entre generaciones no es una moda ni un relato en redes, sino el dilema político y económico central de nuestra época: cómo sostener el bienestar sin hipotecar el futuro.
Durante demasiado tiempo, la política ha respondido a ese dilema con parches y silencios. Hemos convertido la solidaridad intergeneracional en un flujo constante de recursos desde los que aún producen hacia quienes ya consolidaron su posición. Hoy destinamos casi un tercio del gasto público a pensiones, pero apenas un 9?% a educación y menos del 1?% a innovación. No son simples porcentajes: son una radiografía del país. España sigue mirando por el retrovisor, sin darse cuenta de que el futuro ya le está tocando el hombro.
En las democracias envejecidas, los votos suelen premiar lo conocido. La estabilidad se confunde con no mover nada. Pero cuando un país envejece y la política solo reparte hacia atrás, el futuro se queda sin recursos. Si no corregimos ese sesgo en los impuestos, en las instituciones, en la cultura misma, el resultado es claro: menos inversión, menos riesgo, menos crecimiento. Cada reforma que se aplaza por miedo al coste político acaba costando más. Lo que hoy se evita por prudencia mañana se paga por obligación.
Mientras tanto, el debate público se llena de palabras vacías. Se habla de cohesión, solidaridad, derechos adquiridos, justicia social, pero eso ya no se sustenta sobre bases materiales. Nuestro sistema fiscal funciona como una balanza mal calibrada: ingresos anclados en bases impositivas estancadas, gasto corriente que crece por inercia y políticas de crecimiento de impacto marginal. Cada año actualizamos los números, pero no las ideas. No hay conspiración, solo un diseño pensado para otro tiempo, cuando ser generoso no implicaba ser imprudente.
Pero ese tiempo ha pasado. España sigue pensando como una economía en convergencia, cuando en realidad es una economía madura con productividad insuficiente. El modelo de bienestar que funcionó en los años ochenta lo hizo porque cada generación era más numerosa y más productiva que la anterior. Hoy ocurre lo contrario. Insistir en las mismas recetas es, en el mejor de los casos, un acto de nostalgia; en el peor, de autoengaño.
A menudo citamos, yo también, los datos demográficos con frialdad. Una tabla, un gráfico… Pero en la demografía nos jugamos parte del destino de este siglo. Hoy el salario mediano ronda los 23.000 euros, la deuda pública ya supera el 100?% del PIB y más de la mitad de los jóvenes sigue viviendo en casa de sus padres. Son cifras, sí, pero también historias de vidas aplazadas.
Lo que se ha roto no es la fe en las ideas, sino en los mecanismos. Estudiar ya no garantiza el progreso social, trabajar ya no asegura independencia y cotizar ya no equivale a protección. Y esa decepción, silenciosa, persistente, es más corrosiva que cualquier crisis económica.
A menudo repito que los políticos españoles carecen de visión, pero quizá lo que les falta es horizonte. Gobernar se ha convertido en gestionar ciclos cortos: presupuestos, elecciones, crisis. Llevamos veinte años apagando incendios, pero sin dibujar el mapa.
La urgencia manda, el largo plazo se aplaza. Y sin largo plazo, las reformas se vuelven imposibles. Los países que prosperan no lo hacen solo por repartir mejor, sino por planificar con cabeza. Y planificar implica priorizar: cada euro que destinamos a gasto corriente es un euro que no se invierte en capital humano o tecnológico. Cada reforma que posponemos es una transferencia encubierta al pasado.
La buena noticia es que el problema tiene solución, y no requiere épica, sino método. España no necesita reinventarse: necesita aprender a gobernar su madurez con inteligencia. Los países que salieron adelante lo hicieron, más que con grandes gestos, con constancia: reformas graduales, cuentas ordenadas y estabilidad institucional. El futuro no se sueña: se gobierna. Con evidencia, prudencia y una mirada que vaya más allá del calendario electoral.
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‘Los hijos de los boomers’ de Estefanía Molina